En el sector financiero internacional, durante los últimos años, se ha acentuado la tendencia por parte de los inversionistas, desde los grandes fondos de inversión hasta inversionistas individuales (retail investors), de invertir no sólo en empresas que tengan finanzas estables y competitivas, sino también en aquellas que cumplan con criterios de operación sostenible y responsable. Estos aspectos se han centrado principalmente en tres grandes rubros: el ambiental, el social y el de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés, como acrónimo de Environmental, Social, Governance). Así, los inversionistas optan por empresas que consideran los pilares de ESG porque estos funcionan para valorar su riesgo legal, regulatorio y de reputación.
En el presente artículo nos enfocamos en el criterio de gobierno corporativo (Governance), el cual se refiere al manejo apropiado de los órganos de dirección y administración de las empresas para asegurar, principalmente, que estas se administren en beneficio de sus accionistas y otras partes interesadas (stakeholders).
En México, asociaciones empresariales privadas y entidades públicas han emprendido esfuerzos importantes para promover la implementación de políticas sanas de gobierno corporativo. El Consejo Coordinador Empresarial ha publicado y actualizado repetidamente un Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el cual contiene diversos principios y reglas que las empresas pueden usar como referencia en este ámbito. Dicho Código tuvo gran influencia en la Ley del Mercado de Valores (2005) (LMV), que establece directrices de carácter obligatorio en materia de gobierno corporativo para las sociedades anónimas bursátiles (SAB) y las sociedades anónimas promotoras de inversión (SAPI) que deciden adoptar el régimen de administración de las SABs.
Muestra de ello es el artículo 24 de la LMV, que dispone que el Consejo de Administración de las SABs debe estar compuesto por, al menos, un 25% de consejeros independientes. Otro ejemplo es la creación de comités que auxilien a las empresas en labores de auditoría, considerada como una obligación en la LMV para las SABs. Ambas prácticas fortalecen el gobierno corporativo de las empresas, procurando objetivos de institucionalización y administración. Los estándares internacionales de gobierno corporativo de ESG reflejan criterios estrictos sobre los cuales las empresas deben regir su comportamiento en beneficio de sus accionistas y demás stakeholders. Entre los índices que se utilizan para determinar el grado de cumplimiento de las empresas de los criterios ESG, y que los inversionistas evalúan, se encuentran:
• Composición de los órganos de administración, tomando en cuenta aspectos como diversidad y preparación, así como independencia de ciertos miembros;
• Parámetros de compensación claros y efectivos para los integrantes de los órganos de administración;
• Implementación de códigos de conducta para directivos y proveedores;
• Utilización de métodos adecuados de gestión de riesgos;
• Integración de políticas de sustentabilidad y responsabilidad social en la cadena de suministro;
• Manejo de políticas claras y objetivas para la contratación de proveedores; y
• Uso de auditores externos para verificar la información financiera y riesgos significativos específicos a la actividad de la empresa (p. ej., prevención de lavado de dinero, seguridad informática y privacidad de datos).
Actualmente, la legislación mexicana permite a las empresas (incluyendo a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada) una autorregulación. Esto es, adoptar e incorporar en sus estatutos y otros reglamentos internos los criterios de gobierno corporativo que consideren convenientes, incluyendo las responsabilidades, compensaciones por cumplimiento y consecuencias por incumplimiento para sus directivos. Dichos parámetros pueden ser acordados por los accionistas, tanto en el momento de su incorporación en sus estatutos sociales, como a través de resoluciones de asamblea.
La implementación de políticas de gobierno corporativo bajo el marco de ESG implica múltiples beneficios para las empresas que lo hacen. Por mencionar algunos, brinda mayores oportunidades de inversión en ciertos esquemas de financiamiento que consideran como requisito seguir dichas políticas; impacta positivamente en su reputación, por lo que fomenta una relación estrecha y fructífera con sus accionistas, directivos y demás partes interesadas (stakeholders), quienes se sienten seguros con el manejo de la empresa; genera mayores ventajas competitivas por la forma en la que se toman las decisiones; y ayuda a alcanzar una institucionalización, a través de controles internos en la toma de decisiones, que les permite un mejor y más eficiente manejo de sus órganos de gobierno, conflictos de interés y gestión de riesgos.
Por ello, aunque la regulación en materia de gobierno corporativo en México es limitada, hoy existe una clara tendencia y compromiso genuino en las empresas por adoptar políticas en dicha materia, lo cual sin duda abre camino hacia una mejor gestión de las instituciones que impacta positivamente a todas sus audiencias.
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