La corrupción representa un problema sistémico global. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido formalmente que la sociedad civil organizada es un factor de mitigación y disminución de la corrupción, por lo cual resulta fundamental dentro de la nueva estructura regulatoria de anticorrupción en México. La corrupción afecta sensiblemente la prestación de los servicios públicos, el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Este pernicioso fenómeno, que ha sido definido como “el abuso del poder público para beneficio privado,” no sólo tiene presencia en el sector público, sino también en el ámbito privado; frecuentemente, en el empresarial.
México sufre un grave problema de corrupción. Transparencia Internacional señaló, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, publicado en enero de 2021, que México ocupa el lugar 124 de 180 países en su ranking de percepción de corrupción en el sector público. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó aumentos en la tasa de prevalencia de hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes, en 2017 con 14,635, y en 2019 con 15,732 trámites corruptos. Es decir, como país, nos ubicamos en un sitio lamentable en cuanto a corrupción, y los principales indicadores no muestran señales de mejoría.
La globalización, el crecimiento de las economías nacionales y la creación acelerada de empresas en diversos sectores de la producción, han traído como consecuencia la diversificación de los actos de corrupción y mayores retos para combatirlos. Actualmente, este fenómeno exige medidas coordinadas entre el estado y los particulares, con un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores de la sociedad. La sociedad civil tiene un rol clave como vigilante permanente y actor en la lucha contra la corrupción. Al adoptar una perspectiva ESG (Ambiental, Social y Gobierno Corporativo o Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés) en su estrategia, las empresas pueden contribuir a esta importante tarea y sentar las bases para construir una sociedad más resiliente, sustentable y equitativa.
La participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción
El 28 de abril de 2021, al resolver la Contradicción de Tesis 253/2020, la SCJN reconoce que la participación activa de la ciudadanía en el combate a la corrupción es una pieza fundamental para el correcto funcionamiento y aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho Sistema consiste en la asamblea de agencias gubernamentales encargada de coordinar la prevención, detección y sanción de la corrupción en México.
La SCJN sostiene que la sociedad civil es un contrapeso necesario en la lucha contra la corrupción, ya que, a través de las denuncias, se activa al órgano estatal para que investigue actos de corrupción cometidos por servidores públicos y/o particulares.
En la reciente sentencia de la SCJN se otorga a la sociedad civil una nueva herramienta para su participación en materia de responsabilidades administrativas, al reconocer el interés jurídico de la ciudadanía para impugnar, mediante amparo indirecto, la decisión del órgano investigador de abstenerse de investigar o culminar la investigación. Atinadamente, la SCJN incentiva la corresponsabilidad y coparticipación de la sociedad, en aras de una efectiva rendición de cuentas y obtención de resultados.
La lucha contra la corrupción como valor intangible empresarial
A través de la ética corporativa, la cultura de integridad, la transparencia, la adopción de mejores prácticas internacionales en la materia y la participación activa en el combate a la corrupción, las empresas lograrán cumplir con los estándares requeridos de responsabilidad social y esto, a su vez, incrementará su valor intangible. El beneficio para las organizaciones es un aumento de su reputación en el mercado, al igual que ante la sociedad y las autoridades.
Resulta fundamental que las empresas implementen controles, manuales y programas que adopten los estándares nacionales e internacionales más avanzados en la materia. A partir de estas herramientas, cimentadas en una verdadera convicción y liderazgo reflejados en la cultura empresarial, las organizaciones pueden combatir la corrupción interna y externa en su operación para evitar un impacto negativo (reputacional, operativo o financiero) e, incluso, la responsabilidad penal empresarial.
Considerando el contexto actual de nuestro país, la lucha contra la corrupción a nivel empresarial como parte de su responsabilidad social no debe limitarse a su operación interna, sino que debe contemplar acciones y políticas efectivas para erradicar la corrupción mediante la participación en las investigaciones iniciadas -o, en ocasiones, evitadaspor el gobierno. Esto incrementará la confianza de los distintos grupos de interés (stakeholders) y permitirá que los ciudadanos se interesen y sumen a este esfuerzo colectivo. Así, la responsabilidad social como eje rector de la actuación empresarial tendrá un efecto favorable en la reputación corporativa, la capacidad para atraer y retener talento y, eventualmente, en el desempeño operativo y financiero, además de impactar favorablemente a la sociedad.
No se trata únicamente de prevenir infracciones a la ley para evitar sanciones, sino de construir una cultura de integridad empresarial que, además, generará beneficios económicos y nuevas áreas de negocio para la empresa y las partes interesadas, incluyendo la sociedad en la que opera.
En este sentido, es fundamental para las empresas contar con la asesoría legal de un equipo multidisciplinario con perspectiva ESG que tenga una amplia experiencia en temas de gobernanza y control interno. Esta les permitirá construir una nueva ética empresarial alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de anticorrupción. De esta manera, lograrán fortalecer sus procesos y controles, lo cual a su vez les permitirá tener mayor y mejor acceso a capital y a oportunidades de negocio, mitigar potenciales áreas de responsabilidad y construir una sociedad con mayores oportunidades y equidad social.
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