Ayer, 19 de julio, entró en vigor la "Ley General de Responsabilidades Administrativas" que tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran. Igualmente, la presente ley prevé faltas administrativas en que pudiesen incurrir los particulares que se relacionen con actos de corrupción –y sus respectivas sanciones-.