En septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 22% para el 2030 respecto a su línea base. Aunque el gobierno mexicano es el principal encargado de alcanzar dicha meta esto no es posible sin la participación activa del sector empresarial, pues éste es el responsable de la mayoría de las emisiones de GEI en México.
Para alcanzar la meta, México ha implementado un enfoque tripartito. Dicho enfoque se compone de: la celebración de subastas para el desarrollo de proyectos de generación de energía solar, eólica y geotérmica; la emisión, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, de certificados de energía limpia que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias; y una reforma a la Ley General de Cambio Climático que, entre otros, obliga al gobierno mexicano a crear un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE).
Un SCE es un mecanismo de reducción de emisiones de GEI que funciona en apego al principio “tope y comercio” (cap and trade). Esto quiere decir que el gobierno establece un límite de emisiones de GEI en ciertos sectores de la economía que irá disminuyendo con el paso del tiempo para que, en consecuencia, éstas se reduzcan. Las empresas deberán contar con permisos por cada tonelada de emisiones de GEI que liberen a la atmósfera y, si no tienen suficientes para cubrir sus emisiones, deberán reducirlas o comprar los permisos a otras empresas, que a su vez deberán disminuir las suyas en razón de los permisos o derechos vendidos.
Previo a la ratificación del Acuerdo de París en 2016, en México ya existían diversos mecanismos de reducción de emisiones de GEI, como el impuesto a los combustibles fósiles por contenido de carbono, aprobado por el Congreso de la Unión en 2013 y aplicado desde enero de 2014. No obstante, el argumento detrás del mandato de creación de un SCE es que este sistema ofrece la posibilidad de “promover la reducción de emisiones con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes frente a los mercados internacionales”.
En otras palabras, aunque en recientes fechas se ha vuelto tendencia ser una empresa “sostenible”, la realidad es que las empresas buscan incentivos reales y medibles para dejar de lado el uso de los combustibles fósiles que, en la mayoría de las ocasiones, resultan mucho más económicos que los verdes. Así, la implementación de un SCE es uno de los recursos del gobierno mexicano para lograr las metas del Acuerdo de París al requerir e incentivar a las empresas en territorio mexicano a usar combustibles verdes o a modificar sus operaciones para reducir sus emisiones de GEI.
Como parte de las políticas de sostenibilidad en el país, el SCE es un instrumento eficaz y vinculante para impulsar a las empresas en México a implementar estrategias medibles en la reducción de su huella de carbono.
Actualmente, el SCE se encuentra en una etapa de prueba en la cual únicamente participan las instalaciones que realicen actividades de los sectores de energía e industria, y cuyas emisiones anuales sean iguales o mayores a 100 mil toneladas de emisiones directas de dióxido de carbono.
Cabe mencionar que el programa de prueba se ha visto atrasado debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún se encuentra en proceso de asignación de los derechos de emisión. Por ello todavía no tiene consecuencias económicas (multas o pago por derechos de emisión) ya que su propósito es que los participantes del mercado conozcan cómo funciona. Sin embargo, dado que el SCE a implementarse en México se basa en modelos internacionales,8 se prevé que se establezcan sanciones y multas por emisiones de GEI superiores a las autorizadas.
Las críticas que ha recibido el SCE en México se deben al supuesto impacto que tendrá en el mercado y la economía mexicana la obligación de reducir emisiones. Esto es interesante ya que este tipo de sistemas se han venido implementando exitosamente alrededor del mundo desde 2005, cuando la Unión Europea implementó el primer SCE.
Además, es importante mencionar que el combate del cambio climático desde el sector privado también tiene consecuencias en la capacidad de las organizaciones de atraer nuevo talento. Empresas con altas emisiones han encontrado mayor dificultad para reclutar personal. Al participar en el SCE, reduciendo emisiones y vendiendo derechos, las compañías no sólo garantizan el cumplimiento de la legislación y eliminan riesgos de multas y sanciones, sino que también fomentan buenas prácticas ambientales y adquieren una reputación inigualable en el mercado.
Así, la ejecución del SCE en México debe verse como un área de oportunidad para las empresas del sector de energía y los distintos sectores industriales. El Acuerdo de París ha provocado que una gran mayoría de inversionistas nacionales e internacionales incorporen aspectos ambientales en las valoraciones de riesgo que realizan para evaluar futuras inversiones en una empresa. Esto, para el inversionista, tiene como ventaja conocer la política ambiental de la empresa y la posibilidad de invertir en una compañía sostenible que efectivamente esté llevando a cabo un mecanismo medible de reducción de su huella de carbono. Para las empresas, se traduce en una alternativa que les permitirá cumplir con la normatividad aplicable con estándares ambientales medibles que favorezcan el desarrollo sostenible de su negocio, en busca de atraer más y mejores inversiones y clientes.
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