La corrupción representa un problema sistémico global. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido formalmente que la sociedad civil organizada es un factor de mitigación y disminución de la corrupción, por lo cual resulta fundamental dentro de la nueva estructura regulatoria de anticorrupción en México. La corrupción afecta sensiblemente la prestación de los servicios públicos, el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Este pernicioso fenómeno, que ha sido definido como “el abuso del poder público para beneficio privado,” no sólo tiene presencia en el sector público, sino también en el ámbito privado; frecuentemente, en el empresarial.